Cuando no hay política ambiental, el espacio mediático es colonizado por ocurrencias diversas, muletillas y lugares comunes. ¿Qué son las empresas verdes? ¿Cómo se promueven? Sólo hablar de ellas, invocarlas en declaraciones o hacerlas objeto de foros y conferencias no las materializa, si no se cuenta con una definición rigurosa y si no se tiene la voluntad y la capacidad de inducir su incubación y desarrollo. Hay instituciones académicas en México con exitosos programas de negocios verdes, como es el ITESM, orientados a capacitación empresarial, vinculación con el sector financiero y desarrollo concreto de proyectos de innovación tecnológica para la sustentabilidad. Pero, hoy en día, desde el gobierno, ¿qué significa promover negocios o empresas verdes?
No es riesgoso decir que una empresa verde es aquella que produce bienes y servicios asociados a la sustentabilidad de una economía de mercado. Esto es, que mitigan impactos ambientales o los evitan, o bien, que valorizan ecosistemas y recursos naturales como incentivo para su conservación. De una manera más técnica, podríamos afirmar que un negocio o una empresa verde se caracterizan por una producción dual de bienes privados y bienes públicos.
Hay un universo inmenso de posibilidades, cuyos contornos son difusos e incluso polémicos. Desde luego es identificable un gradiente que va de desplantes de relaciones públicas oportunistas a verdaderas y admirables empresas verdes, vitales para la sustentabilidad. Habrá quien afirme que una empresa es verde simplemente porque cumple con las leyes y las normas, llama a sus empleados a sembrar arbolitos algún fin de semana y publica las fotos en reportes anuales de un diseño gráfico impecable y en papel reciclado. Otras, con muchas más credenciales, buscarán el apelativo verde no sólo cumpliendo escrupulosamente y yendo más allá de lo que marca la ley y la normatividad en sus operaciones cotidianas, sino al ser eficientes en el uso de la energía, abastecerse de electricidad de fuentes renovables, reusar sus aguas residuales y responsabilizarse de cerrar el ciclo de sus productos evitando que los residuos de manufactura o posconsumo signifiquen onerosos pasivos ambientales.
También, cuando extienden sus actividades filantrópicas hacia la conservación, financiando áreas naturales protegidas, o la preservación o rescate de especies en peligro de extinción. Los beneficios son cada vez mayores para estas empresas, en la medida en que ganan reputación entre proveedores, clientes y autoridades, minimizan riesgos y reducen costos de capital, amplían su acceso a mercados financieros que exigen revelación de desempeño ambiental, mejoran sensiblemente su eficiencia y productividad e incluso se adelantan a futuras regulaciones ganando así ventajas competitivas.
Sin embargo, la intención del adjetivo verde es en realidad el de calificar así a empresas que directamente producen bienes públicos ambientales como parte de su cadena de valor o de su núcleo de negocio. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas dedicadas a la energía renovable, tratamiento y reuso de aguas residuales, reciclaje de materiales secundarios, eficiencia energética, aprovechamiento sostenible y certificado de recursos naturales, biotecnología, transportación con cero emisiones, vivienda y desarrollos inmobiliarios intraurbanos, entre otros. Su multiplicación y desarrollo y una participación creciente en el PIB serán los verdaderos indicadores de que una economía se orienta hacia ser sostenible, verde o baja en carbono.
Bien, pero no nos engañemos. Aunque hay un margen para la existencia autónoma de este tipo de empresas y negocios verdes, con financiamiento cada vez más sofisticado en forma de capital de riesgo, deuda y colocaciones en mercados de valores, su desarrollo pleno va a depender siempre de la fortaleza y eficacia de las políticas ambientales del Estado. No nos engañemos. Sin política ambiental seria, comprometida y eficaz desde el gobierno, es fútil la invocación a las empresas y negocios verdes, como ocurre ahora.
Fuente: El Economista