Maria Prandi, de Business and Human Right España, comparte en este artículo sus impresiones sobre los resultados del II Foro sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Grupo de Trabajo de la ONU. Según Prandi se consolida la importancia del respeto de los derechos de los pueblos indígenas mientras aumentan las denuncias y quejas por la falta de compromiso de las empresas y de los gobiernos en este ámbito. Señala que las empresas resaltaron los límites y la ineficiencia de las auditorías y se reconoció el derecho a la sindicación como derecho básico. El Foro analizó las dificultades para acceder a los diversos mecanismos locales e internacionales de denuncia porque no se conocen bien sus procedimientos.
Más de 1.700 personas -representantes de gobiernos, de empresas y del tercer sector de 85 países diferentes- se reunieron en Ginebra el pasado mes de Diciembre en el II Foro sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. El Foro contó con la presencia de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien en la sesión inaugural ofreció datos sobre cómo un buen expediente en derechos humanos conlleva un mayor rendimiento económico para las empresas. Mientras los continentes africano y asiático siguieron lamentablemente infra-representados, se notó un aumento significativo de los participantes de la sociedad civil de América Latina respecto del año anterior. Estos denunciaron públicamente situaciones concretas de abusos por parte de empresas, especialmente en Guatemala y Colombia, avivando de manera significativa algunos de los principales debates.
Fueron muchos los temas que se trataron en las diferentes sesiones del Foro: el papel del sector financiero, las cadenas de proveedores mundiales, las iniciativas multi-stakeholder, las actividades de las empresas en países en conflicto, los impactos en los pueblos indígenas, el sector agro-alimentario, el rol de la compra pública, etc. También se trataron otros temas clave tales como el acceso de las víctimas a la reparación judicial y no judicial, la situación de los defensores de derechos humanos que denuncian abusos relacionados con las actividades empresariales y los impactos negativos sobre los pueblos indígenas. Todo ello se hizo bajo las habituales reglas de participación e intervención de Naciones Unidas, reglas con las que algunos de los participantes estaban aún poco familiarizados.
Las empresas resaltaron los límites y la ineficiencia de las auditorías como mecanismos para la evaluación de impactos
Algunas de las empresas que participaron en el evento, y otros ponentes, compartieron informaciones sobre prácticas y retos en todas las áreas de implementación de los Principios Rectores. Las empresas resaltaron los límites y la ineficiencia de las auditorías como mecanismos para la evaluación de impactos y hubo unanimidad entre los asistentes en reconocer el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva como derechos básicos nucleares que las empresas deberían respetar en todos los países. Por lo general, se consideró que las empresas trataban con mayor facilidad temas relacionados con los derechos del niños y, en cambio, enfrentaban mayores retos con situaciones que involucraban los derechos laborales, la protección de los consumidores, el uso de las tierras, la seguridad y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Fue especialmente interesante que se mostrara la necesidad de aclarar criterios en relación al establecimiento de joint-ventures con empresas estatales en países con débil gobernabilidad o con empresas privadas con un débil expediente en derechos humanos.
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